La base es la Constitución

La ley apunta a proteger a los trabajadores y garantiza que la empresa cumpla su función social.

La Razón (Edición Impresa) / Hector Hinojosa es ministro de Trabajo

00:00 / 23 de enero de 2019

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) llevó una antigua demanda de los trabajadores al terreno judicial por la Ley de Creación de Empresas Sociales (1055), concretamente ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. La entidad argumenta que varios artículos de la ley son anticonstitucionales (2, 4, 5, 6, 7, 9 y 11) y que atentan contra la propiedad privada y la libertad empresarial; que además la norma es confiscatoria.

La organización que hace contrapeso natural a la CEPB es la Central Obrera Boliviana. Es con ella que desde hace tiempo se analizó y buscó soluciones a un problema que a varios trabajadores y trabajadoras no los dejaba dormir: el intempestivo cierre de algunas empresas privadas en detrimento de la estabilidad laboral, la protección social y de los procedimientos para declarar quiebras.

El gobierno es consecuente con la aplicación de la Constitución en materia laboral, libertad empresarial, social y derechos progresivos. Siempre buscando soluciones legales y concertadas con los actores sociales.

Las decisiones oficiales fueron tomadas sobre la base de la Constitución, la que fue escrita por primera vez en la historia por todas las organizaciones sociales y empresariales, entre otras representaciones.

El parágrafo III del artículo 54 de la CPE determina que “las trabajadoras y los trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social podrán, de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales. El Estado podrá coadyuvar a la acción de las trabajadoras y los trabajadores”.

La descripción de “cerradas o abandonadas de forma injustificada” obedece a una realidad social-aboral conocida y experimentada por los sindicatos de trabajadores de los sectores productivo y de servicios.

En seguida, el artículo 56 garantiza el derecho a la propiedad privada individual o colectiva, entre tanto “cumpla una función social” o que no “sea perjudicial al interés colectivo”.

En octubre de 2013, se dictó el decreto 1754 con el objeto de “facilitar la constitución de empresas sociales de carácter privado”, en el marco de los alcances del artículo 54 de la CPE y las causales siguientes: “procesos en quiebra, concurso o liquidación (o procesos concluidos)” y “empresas cerradas o abandonadas de forma injustificada”. Asimismo, en caso de venta de la empresa los trabajadores gozan de “venta preferente” y asumen la responsabilidad y riesgos del patrimonio adquirido.

El alcance y otras precisiones normativas del decreto fueron superados con la Ley de Creación de Empresas Sociales, promulgada el 1 de mayo de 2018.

La Ley se sustenta en el parágrafo III del artículo 54 de la Constitución y describe que la finalidad de la empresa social —que es una sociedad comercial— “es reactivar y reorganizar la empresa, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social”. Las causales de la creación son las mismas que dispone el decreto supremo (“empresas en procesos de concurso preventivo, quiebra o liquidación” y “cierre o abandono injustificado de una empresa”).

Reflejando una realidad social-laboral, la ley apunta a proteger a los trabajadores y garantiza que la unidad productiva o de servicios cumpla la función social para la que fue creada; y su aplicación procede cuando el empleador despida repentina y masivamente a todos sus trabajadores, fugue del país, se ausente por más de 60 días sin justificación alguna o sin respetar procedimientos declare “lock out” (cierre). No encajan  en estas figuras las empresas que trabajan por temporadas.

La CEPB presentó una acción de inconstitucionalidad no contra el artículo 54 de la Constitución ni los derechos laborales, sino por los artículos 2,4,5,6,7,9 y 11 de la Ley de Empresas Sociales, que se refieren a la organización de las mismas, las causales y los procedimientos del cierre o abandono injustificados.

El interés colectivo, la función social, el respeto de los derechos laborales y la estabilidad laboral son bienes jurídicos protegidos por la Constitución. No es comprensible una oposición a que los trabajadores asuman la responsabilidad y, bajo su riesgo, tomar a su cargo la organización y administración de empresas  clausuradas únicamente por el interés de evadir derechos laborales, sociales o el cumplimiento obligatorio de mantener la función social de la actividad empresarial, reconocida constitucionalmente como actor fundamental de la economía plural.

Escribe tu comentario

1.000 caracteres disponibles

La finalidad de este servicio es sumar valor a las noticias y establecer un contacto más fluido con nuestros lectores. Los comentarios deben acotarse al tema de discusión. Se apreciará la brevedad y claridad de los textos, y el buen uso del lenguaje: las malas palabras y los insultos no serán publicados.

captcha

Introduzca el código captcha que aparece en la imagen

best online gambling sitesEnviar

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisama?a (Zona Sur) - La Paz, Bolivia